domingo, 8 de julio de 2012

El aislamiento de Moyano


Hugo Moyano manifestó  más de una vez su vocación de conducir a todos, desde aquella reiterada afirmación: “que llegue un trabajador a la Casa Rosada”. Sin embargo, los pasos que ha dado desde entonces lo encuentran en una posición de creciente aislamiento.
En primer lugar, no consigue que el conjunto del movimiento obrero se sienta expresado en su liderazgo. Por más declaraciones que haga Julio Piumato respecto a que el gobierno “se inmiscuye”, los problemas de liderazgo tienen distintas raíces y no todos son atribuibles a su postura combativa. El lado positivo es esa vocación de lucha que históricamente lo diferenció de los gordos. Pero su política de presionar para alzarse con la representatividad de trabajadores encuadrados en otros gremios, le ha valido rencores y cuestionamientos, el último de los cuales lo ha hecho público Jorge Lobais.
Si en los mejores momentos de su relación con el gobierno, otros sectores del gremialismo le reprochaban que se paraba desde ese poder con una actitud de imposición, hoy tampoco parecen dispuestos a aceptar que les imponga la confrontación total con la presidenta.
Quienes analizan su ruptura con el gobierno se preguntan respecto a la trastienda, a los motivos reales de esa pelea, se interrogan si existió una dura discusión con Néstor Kirchner antes del fallecimiento del ex presidente.
Lo que parece estar claro es que Moyano siempre aspiró a compartir la conducción y que fue mucho menos receptivo al liderazgo de Cristina que al de Néstor.
Y así, desde su supuesta autenticidad peronista, rompió el ABC pretendiendo desconocer que un proyecto nacional y popular no admite doble comando, menos aun cuando al cabo de nueve años nos ha puesto nuevamente en la senda histórica del justicialismo y obtuvo el respaldo electoral de 55%.
Tampoco consigue representar al conjunto al momento de definir su política reivindicativa. Las prioridades de su lucha se centran en defender los ingresos de los trabajadores con mejores salarios, aquellos que pueden ser alcanzados por las categorías más bajas del impuesto a las ganancias, o en reclamar fondos más emparentados al rol empresarial que los dirigentes gremiales revisten en el manejo de las obras sociales. No son reivindicaciones cuestionables en sí, la política tributaria respecto a los ingresos personales merece una revisión y hay proyectos en ese sentido. Pero los que menos ganan, los que trabajan en negro o los que aun no tienen empleo estable, no parecen estar comprendidos en el núcleo reivindicativo del líder camionero.
Desde la perspectiva del transporte, aparece asociado a un modelo que ha significado la sobredimensión del transporte por carreteras en detrimento del ferroviario.
Desde la perspectiva del medio ambiente, tiene mucho más que ver con los problemas estructurales que padecen las grandes ciudades en el manejo de la basura y a la continuidad del CEAMSE (un cuadro de la dictadura que aun no hemos bajado) que con una reformulación de los servicios que incorpore el tratamiento de los residuos y contemple el cuidado ambiental. También los intendentes han tenido una relación difícil con él cuando llega el momento de definir las características, los costos y los prestadores del servicio de recolección.
Si uno pone arriba de la mesa todas estas cuestiones, puede comenzar a entender porque su figura genera más rechazos que adhesiones. Alguna vez la aspiración de un presidente proveniente del movimiento obrero tomó el ejemplo de Lula como referencia. Pero si comparamos la actitud de uno y otro en la construcción de poder vemos que transitan caminos muy disímiles.
Esto no significa desconocer su lucha ni caer en el error de demonizarlo o considerarlo sin más como un enemigo. Lo peor que podemos hacer es convertirnos en su espejo, ejercer hacia él y hacia quienes representa una actitud meramente reactiva. La reciente decisión del Ministerio de Trabajo respecto al conflicto en la CGT es una demostración que se puede actuar con firmeza sin perder de vista el sentido estratégico. No se resuelve a favor de un sector y en detrimento de otro, sino con un riguroso análisis de las deficiencias de la convocatoria efectuada y convocando al diálogo a todos los sectores para garantizar la unidad del movimiento obrero.
No es un enfrentamiento que tengamos que salir a festejar. Nuestros verdaderos enemigos son los sectores de privilegio y allí está el eje de nuestra lucha. La razón de ser de este proyecto es defender los derechos de los trabajadores y de quienes están precarizados o excluidos del acceso al trabajo, profundizar la redistribución para que el trabajo sea el gran organizador de la sociedad y la garantía de acceso a los derechos básicos, y nunca renunciaremos a nuestra aspiración de compartir la calle con la juventud sindical y con las distintas expresiones de lucha de los trabajadores.
Al fin y al cabo, analizar las razones del aislamiento de Moyano, debe servirnos para revisar nuestros actos, constituye un aprendizaje para entender que no debemos caer en actitudes unilaterales y excluyentes, que la gran apertura a la participación y la transformación de la política que ha abierto nuestra presidenta tiene como requisito una actitud amplia y convocante que nos evite reproducir una lógica de aislamiento y unilateralidad que sólo beneficia a los enemigos del pueblo.

Abortos clandestinos, una masacre por goteo


1. El aborto desde el retorno de la democracia
 Desde el 10 de diciembre de 1983 hasta nuestros días, muchos fueron los cambios en nuestro país.
La homosexualidad era cuestionada por amplios sectores y vivida de manera culposa o clandestina en numerosas familias. El homosexual para muchísima gente era un enfermo y una influencia peligrosa.
Las concubinas y concubinos aun no tenían derecho a pensión, el cual sería instituido por una ley del Congreso en 1985.
Los hijos tenían distintos derechos según nacieran dentro o fuera del matrimonio y la patria potestad permanecía establecida en cabeza del padre. También fue en 1985 que se estableció la patria potestad compartida y se estableció la igualdad de derechos entre hijos extramatrimoniales y matrimoniales.
La posibilidad de divorciarse tardó más en llegar, luego de un duro debate: fue en 1987.
Aun estaban vigentes en Buenos Aires los edictos que prohibían travestirse.
Faltaban 20 años para que se aprobara la ley de salud sexual y reproductiva.
Las mujeres podían casarse a partir de los dieciséis, mientras que los hombres a los 18. Por cierto, no se trataba de brindar más derechos a la mujer, sino de reafirmar su rol en el matrimonio desde edad temprana.
Subsistía la persecución penal del adulterio, que para la mujer se consumaba con una sola infidelidad, mientras que para el hombre requería “amancebamiento” (tener una mantenida, hubiera dicho mi abuela).
Era excepcional que las mujeres ocuparan cargos públicos. Recién en 1991 se aprobaría la ley de cupos.
No existía legislación antidiscriminatoria. Recién en 1988 se sancionaría una norma que incluía  la discriminación por sexo como uno de los actos discriminatorios condenados.
Ni hablar de la unión civil, el matrimonio igualitario y la identidad de género, que no alcanzarían a ver la luz en el milenio pasado y recién llegarían con el actual gobierno.
Recién en 1994 se receptarían en nuestra Carta Magna  la no discriminación, el derecho a la identidad, los derechos del niño y diversas garantías establecidas en tratados internacionales que adquirieron rango constitucional (aun en un contexto de retroceso en el acceso al empleo, crecimiento de la pobreza y retracción económica generalizada como fruto de las políticas instauradas en los noventa).
Durante casi 29 años de democracia, a pesar de los condicionamientos heredados de la dictadura, de los condicionamientos económicos y de la profundización del modelo neoliberal que eclosionó en la crisis de 2001-2003, la ampliación de derechos fue una constante y no sólo se trató de una mera consagración formal, sino que nos habla de una sociedad que se transformó paulatinamente y fue cambiando su percepción y su comportamiento respecto de cuestiones cotidianas como la vida de pareja, la organización familiar, el rol de la mujer, la maternidad, la niñez o la homosexualidad, entre otras cuestiones.
No sólo la vida cambió por la transformación de la producción y las relaciones laborales, el desarrollo de nuevos e impensados servicios, la aparición de las computadoras, Internet, el desarrollo de las telecomunicaciones, la tecnología satelital y las crecientes y formidables posibilidades de conectividad y comunicación.
La vida cambió porque el sentido común predominante respecto a diversas cuestiones de lo cotidiano fue transformándose de manera significativa, como fruto de luchas diversas que aun se sostienen con nuevos desafíos y a pesar de distintas resistencias y resabios propios de aquel orden consolidado por el retroceso en los derechos civiles iniciado durante el gobierno de Isabel Perón y establecido a fuego durante la dictadura.
Esto no significa una visión lineal del progreso ni soslayar cuestiones que se han tornado más complejas generándose nuevas dificultades y desafíos, u otras en las que incluso se ha retrocedido.
Pero existe un tema que en sus componentes esenciales no ha tenido variación, ha sostenido su modalidad de funcionamiento en nuestra sociedad desde entonces hasta el presente: el aborto. Subsiste la prohibición a través de su tipificación como delito, con excepción de los abortos no punibles. Subsiste el aborto clandestino como realidad reconocida y ampliamente tolerada, incluso por la gran mayoría de los antiabortistas. Subsiste la casi ausencia de condenas penales por la realización de abortos, con preeminencia entre las pocas existentes de aquellas originadas en denuncias efectuadas por los médicos al recurrir una paciente cuya vida peligra a consecuencia de un aborto clandestino. Subsisten las grandísimas dificultades para que el sistema de salud pública intervenga para efectuar la práctica del aborto en los casos expresamente previstos como no punibles en el Código Penal.
Acaso no se ha debatido la cuestión, no han existido iniciativas para modificar la situación existente?
Día a día, mes a mes, año a año, el aborto ha sido tema de debate, ha merecido rechazos y adhesiones, ha visto crecer su visibilidad al calor de casos diversos que generaron especial atención de la opinión pública, ha mantenido su presencia en la agenda de debate. Sin embargo, no ha logrado subirse a la de decisiones o sólo lo ha hecho tangencial y de manera muy limitada, en el caso de los abortos no punibles.
Luego de casi tres décadas, quizá resulte necesario repensar los ejes del debate, ponderar los caminos elegidos, poner la discusión en el contexto del actual proceso de transformación y replantear los caminos para revertir una realidad que permite un acceso relativamente seguro a quienes poseen recursos y significa riesgos y muerte para quienes no tienen acceso a la información y a los recursos económicos imprescindibles para una práctica que no ponga en riesgo sus vidas.

2.- Antiabortistas, abortistas y el no debate
 Históricamente el debate ha sido planteado entre abortistas y antiabortistas. Sin embargo, esa denominación no da cuenta de la realidad, si tenemos en cuenta que los abortos clandestinos son una realidad inocultable en el actual modelo de penalización del aborto y que, además, son absolutamente inherentes a él.
Los abortos clandestinos no pueden ser considerados una “falla”, una cuestión a corregir, un resultado no querido del modelo prohibicionista. Son esenciales al sistema, constituyen una válvula de escape imprescindible y el análisis de las intervenciones penales y de la notoria y generalizada tolerancia que esos mismos sectores exhiben frente a las prácticas clandestinas demuestran que no podrían sostener el modelo de prohibición si este se llevara hasta las últimas consecuencias y si los sectores medios y altos no tuvieran alternativas  a las que recurrir cuando, más allá de las teorías y las declamaciones de principios, el aborto se convierte en una decisión familiar.
Aquella vieja discusión en términos de principios, de concepciones éticas y político ideológicas, se convierte en una trampa sin salida en la que las posiciones se exponen con insistencia sin obtener variación en la realidad, al extremo que el debate a veces termina pareciendo inútil o frívolo, un reiterado contrapunto en el que las partes no tienen voluntad de oírse y en el que no se modifica la percepción de la realidad de la inmensa mayoría que asiste a su puesta en escena.
Esta lógica sirve para alimentar una postura a la que suelen recurrir integrantes del poder político para no desgastarse en la disputa. Numerosos dirigentes de procedencia diversa sostienen entonces que el aborto es un tema que divide y eligen no tomar parte en ese debate. No estaría tan mal, si no fuera por una realidad en la que el aborto es una presencia cotidiana con permanente consecuencia de muerte.
Así, la discusión corre el riesgo de convertirse en un no debate, en una conversación respecto de la cual la inmensa mayoría tiene expectativa que tenga correlato en modificación alguna.
Esto se da en un doble sentido: la inmensa mayoría no ve probable que se vaya a terminar con la prohibición penal del aborto. Pero tampoco hay expectativas de que a partir de la prohibición se inicie alguna política concreta de combate del aborto clandestino.
Poner a las personas cara a cara con el problema, cada uno desde su concepción ideológica y sus principios de vida, implica lograr que se asuma como punto de partida que el actual sistema, lejos de proteger la vida, la pone en peligro, la destruye, instaura el aborto del peor modo posible, como una práctica clandestina y selectiva, que es más riesgosa cuanto más vulnerables socialmente son las persona que recurren a ella.

3.-La masacre
 Al analizar los mecanismos de ejercicio del poder punitivo, Raúl Zaffaroni[i] señala que asistimos a una “serie de muertes configura una masacre por goteo que, a diferencia de las que hemos visto y ocupan a los internacionalistas, no producen todas las muertes juntas, pero las van produciendo día a día”. Esta afirmación alude a muertes cotidianas que se producen por razones y modos diversos, pero que tienen en común que se producen en los sectores sociales más vulnerables y que funcionan como una herramienta de control y de sostenimiento de la exclusión social. En ese sentido, no parece antojadizo enmarcar las muertes que se ocasionan en el actual sistema de consagración del aborto clandestino como parte de esa “masacre por goteo”. Cada año alrededor de 100 mujeres mueren por complicaciones de abortos inseguros en la Argentina y estas complicaciones representan la primera causa de mortalidad materna.[ii]
El debate que tenemos por delante es, entonces, qué estamos dispuestos a hacer para que cese esa masacre, que ha ido acompañada hasta aquí por la música de fondo de una discusión que no ha dado debida cuenta de ella ni ha encontrado caminos ciertos para afrontarla.
Es ese drama cotidiano él que debemos afrontar, para encontrar un camino que nos permita cumplir con un objetivo que la inmensa mayoría comparte, que es la defensa de la vida.
Construir un consenso amplio respecto a la necesidad de terminar con la clandestinidad y poner de manifiesto que la penalización es el reaseguro de esa clandestinidad es un desafío esencial.

4.-El aborto y las políticas de salud sexual y procreación responsable
 Hemos dicho que los aspectos esenciales de funcionamiento del aborto en nuestra sociedad han permanecido invariables.
Ello no implica ignorar cambios y avances que se han producido y desde los cuales debemos pararnos para sostener esta lucha.
Con sus más y sus menos, el estado argentino cuenta hoy con una política de salud sexual y reproductiva enmarcada en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable instaurado mediante la ley 25.673, sancionada en el año 2003[iii]. El estado reconoce que “el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual, y que ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir embarazos no deseados. Se basa en la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir de la información y el asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para poder definir la posibilidad de tener hijos, cuantos hijos tener, cuándo tenerlos, y el intervalo entre ellos. Por eso, promueve la "Consejería" en Salud Sexual y  Reproductiva en los servicios de salud pública de todo el país; es decir, la posibilidad de acceder gratuitamente a un asesoramiento de calidad que contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva”[iv].
La existencia de este Programa no es sólo declamativa y, a pesar de dificultades, limitaciones y una evolución dispar en nuestro territorio, que expresa una lucha y un camino recorrido que ha significado incorporar en el sistema de salud un conjunto de prácticas y recursos y en las personas una conciencia creciente respecto a la salud sexual y la procreación responsable, que aun no ha logrado penetrar adecuadamente en las prácticas más cotidianas de los sectores más vulnerables, pero que constituye una herramienta esencial para plantearse un avance en ese sentido.

5. Los abortos no punibles y el fallo de la Corte.
 Otro avance tangible es la conciencia creciente acerca de la limitación objetiva que se ha impuesto a  la práctica de los abortos no punibles previstos en el art. 86 inc. 2º. En diversos casos de dispar notoriedad, los sectores contrarios al aborto ensayaron todo tipo de recursos para evitar que el sistema de salud efectúe la práctica abortiva legalmente prevista sin ningún tipo de requisito previo ni restricción. A primera vista, puede percibirse que se trató de un avance de esos sectores contra una normativa vigente desde el nacimiento del Código Penal. Sin embargo, lo cierto es que la aplicación de estas excepciones había sido casi inexistente y que recién en estos tiempos el sistema de salud se siente interpelado, se plantea la necesidad de protocolizar estas prácticas para garantizar su realización oportuna y se procuran criterios que eviten las chicanas judiciales y la dilación como impedimento para su realización. Diversas provincias fueron avanzando en la confección de protocolos, el Ministerio de Salud de la Nación brindó una guía que no estuvo exenta de conflictos pero que se encuentra vigente y el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de a Nación en los autos  “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, marca un hito fundamental en el que se establece con toda claridad  que las mujeres violadas, insanas o no, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. También estará exento de castigo el médico que practique la intervención. Para que la mujer pueda realizarse la práctica, deberá efectuar una declaración jurada dejando constancia del delito del que fue víctima para que los profesionales que la asistan puedan efectuar el aborto sin responsabilidad penal. El fallo dejó sentado con claridad que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial previo e instó a los hospitales a definir sus protocolos en consonancia con el fallo y para garantizar la adecuada y oportuna ejecución del aborto en los casos previstos como excepción en la norma.
La intención de todos aquellos que procuran poner palos en la rueda en la ejecución directa del fallo de la Corte es clara: que dados los tiempos breves para la posibilidad de interrumpir el embarazo, la víctima termine atravesando un proceso en que vuelve a ser interpelada y expuesta sin conseguir la interrupción de su embarazo y afrontando el resto de su vida una realidad que nunca deseo ni buscó. Ser madre a consecuencia de una violación es todo lo contrario a lo que cualquier mujer sueña como proyecto de vida. Si el sistema de salud no actúa conforme al fallo, la única persona a la que se le garantiza una condena concreta, efectiva y que se prolonga por el resto de sus días es a la víctima.
 La postura fundamentalista de quienes buscan impedir su aplicación reposa en una doble moral, porque ninguno de ellos ignora que una mujer que ostenta una posición social con acceso a contactos y recursos económicos podrá realizarse un aborto clandestino en buenas condiciones sanitarias.
 Pero una mujer pobre, hasta tanto no se garantice la implementación del fallo, está condenada a dando a luz o intentando abortar de manera clandestina en condiciones riesgosas para su vida.
Los sectores que se oponen no sólo procuran intimidar a las víctimas, sino también a los trabajadores de la salud, en especial a los médicos, y ese accionar intimidatorio se ha intensificado en los últimos tiempos.
Esto conlleva además una actitud discriminatoria en términos de género, que tolera la violación hasta extremos cercanos a su apología al desproteger y castigar a sus víctimas.
 Pero también, estos sectores ejercen una actitud provocativa que tiene por objeto atraparnos en el ruido de ese debate y paralizar cualquier intento de desarrollar políticas concretas en el sistema de salud que garanticen el cumplimiento de la ley y el acceso concreto de las embarazadas víctimas de violación a la interrupción del embarazo.
Pretenden además jaquear toda la política de salud  sexual y reproductiva que trabajosamente procura llevar adelante el gobierno nacional con el respaldo de los sectores consustanciados con el acceso democrático a la salud.
Entonces, está muy bien debatir. Pero tenemos una agenda de trabajo concreta en la que tenemos que seguir avanzando. El fallo de la Corte los incomoda  por la manera clara e inequívoca en que habilita a actuar al sistema de salud sin necesidad de autorización judicial previa alguna. Su aplicación no se producirá mágicamente: requiere difundirlo entre los protagonistas de la salud pública y en la comunidad, para que los médicos puedan sentirse respaldados en su accionar sin temor a las amenazas, para que las víctimas no terminen como rehenes y para que los servicios sean organizados de modo tal que la objeción de conciencia sea una expresión individual de quien realmente la tenga y no una excusa para no comprometerse.
Sin perjuicio de la definición del caso puntual y del inmediato impacto que tuvo sobre los sistemas de salud en diversas provincias en función de las reacciones que generó, el fallo se convierte en una valiosísima herramienta para revertir la reticencia y el temor que han predominado en el sistema de salud pública para realizar estas prácticas y construir procedimientos que garanticen a los médicos su intervención sin ulterioridades negativas  por  su desempeño.

6.-La confidencialidad
 La otra gran cuestión que va de la mano de la existencia de una política de salud sexual y procreación responsable y de garantizar el acceso efectivo a las excepciones al art. 86 inc. 2 del Código Penal, es defender y promover el derecho a la confidencialidad, cuyo pleno ejercicio necesita ser extendido para liberar a los médicos garantizando que no serán víctimas de judicialización por su intervención y liberándolos de infundadas obligaciones de denuncia que muchas veces subsisten como una práctica instaurada como hábito “para cubrirse” de cualquier ulterioridad judicial.

7.-La salud sexual y el misoprostol
 En el contexto del diagnóstico efectuado, nuestra plataforma es muchísimo más amplia que la búsqueda de la desincriminación del aborto, pues requiere abordar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud reproductiva, la cobertura y accesibilidad de los métodos anticonceptivos, la información y acceso oportuno a la anticoncepción hormonal de emergencia, la educación sexual desde edad temprana, las políticas contra la violencia sexual, el mejoramiento de la atención en el posaborto, fomentar la comunicación entre las mujeres y el equipo de salud basada en el respeto y el trato libre de prejuicios, respetar la confidencialidad de las mujeres y el secreto profesional para no efectuar la denuncia policial, ponderar la incorporación de las técnicas para el tratamiento del aborto incompleto, proveer consejería en salud reproductiva y métodos anticonceptivos a todas las mujeres que se internan por aborto, entre otras cuestiones.
En ese contexto, es esencial ponderar adecuadamente la utilización del misoprostol y la implementación de las consejerías pre y post aborto. Ante la evidencia y la experiencia internacional sobre los beneficios del uso del misoprostol en ginecología y obstetricia, compartimos la necesidad que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) apruebe su uso, que ha transformado la práctica del aborto en todas las latitudes y lo ha erigido en una opción relativamente segura que ha merecido una actitud militante de los sectores más comprometidos en la lucha por la desincriminación del aborto. Sin embargo, resulta imprescindible no tomarlo como panacea ni convertir a la política de promoción de su uso en una alternativa opuesta al marco general que la debe contener, que es la política integral de salud sexual y reproductiva. Cuando en una unidad sanitaria se desata el conflicto entre quienes pretenden una política integral y aquellos que quieren garantizar que se recete misoprostol en las consejerías, quiere decir que estamos introduciendo de mala manera la cuestión, estamos generando una división en la que perdemos fuerza, en la medida que se pone en vereda opuesta a muchísimos profesionales de la salud que cumplen un rol esencial en el sostenimiento de esta lucha.

8.-Nuestro desafío
 La tarea se da en cada guardia, en cada servicio, en cada unidad sanitaria, en cada organización libre del pueblo y la tarea debe librarse con la inteligencia de no perder a nadie y permitir que la compartan con nosotros hasta donde estén dispuestos y les sea posible la mayor cantidad de protagonistas posible.
Esto no quiere decir que cada uno de los diversos protagonistas no tengan perfiles y énfasis diferenciados, algunos protagonizando cambios firmes y a veces casi silenciosos, otros interpelando desde una actitud militante más decidida y drástica. Pero cuanta más conciencia tengan cada uno de ellos de pertenecer a una lucha  común, que es terminar con la masacre por goteo, más chance tendremos de franquear la barrera insalvable que hasta aquí significa que se mantenga incólume el actual sistema de protección del aborto clandestino.
Si en un hospital se garantiza la confidencialidad, se elimina la práctica de denunciar y se establece con claridad la manera de actuar frente a un caso de aborto no punible, estamos dando un paso adelante fundamental. También si en una unidad sanitaria el equipo de salud desarrolla una tarea firme y sostenida en la promoción de la salud sexual y reproductiva, articulada con la atención pediátrica y el seguimiento del embarazo. Si a su vez tenemos la madurez de comenzar a explicar el uso del misoprostol, mejor aun. Pero tan valioso como eso es aclararle a una profesional de la salud que el DIU, con la actual tecnología, no tiene efecto abortivo, porque actúa antes de la formación del embrión. Desarmar creencias erróneas como esa también es parte de la tarea.
No se trata sólo de hacer realidad una consigna. Tenemos por delante una disputa de posiciones permanente, en la que no siempre avanzaremos a la velocidad esperada, pero que a la larga nos dará los resultados más firmes y duraderos.
No hace falta renunciar a ninguna reivindicación o consigna, sino de destrabar esta inexpugnabilidad que en sus pilares fundamentales exhibe desde décadas la práctica del aborto clandestino en nuestro país.
Desde los pasos concretos que hemos dado en estos años, debemos trabajar en la  construcción de un nuevo sentido común predominante, a la luz del cual, aquel debate desgastado resulte extemporáneo y se instale mayoritariamente la comprensión que el aborto es una cuestión de salud pública y no de política criminal. Su  desincriminación será entonces posible por ser comprendida como necesaria por la amplia mayoría de la sociedad.



[i] Raúl Zaffaroni, La Cuestión Criminal, Planeta, 2011.
[ii] La tasa de mortalidad materna en el país fue de 5,5 decesos por cada 10 mil nacidos vivos en 2009, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Diversas estimaciones sostienen que al menos 30% de esas muertes se deben a complicaciones en abortos. El jefe de Maternidad del Hospital Alvarez, Marcelo Guz, declaró al diario La Nación en agosto de 2011 que se estima que en el país se efectúan entre 450.000 y 500.000 abortos por año, casi un 40 por ciento de los embarazos totales. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba) realizó una investigación para las Naciones Unidas en la que advirtió que existe un importante subregistro de muertes vinculadas al aborto. "Muchas veces las mujeres llegan a las guardias con cuadros como insuficiencia renal y otras complicaciones obstétricas que tuvieron su origen en un aborto, pero no son asentadas como tales", señaló, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de Mujer (FEIM) al mismo diario..Sostuvo que "el estudio que efectuamos el año pasado arrojó que no disminuimos sino que aumentamos la tasa en relación al 2000. Con esta tendencia, en 2015 cuando tengamos que reportar a la PNUD, vamos a tener un 38% de las muertes maternas por causas vinculadas al aborto, en lugar del objetivo que es reducirlo a un 13 %".
[iii] Tomando al Ministerio de Salud de la Nación como fuente, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable reconoce que el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual, y que ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir embarazos no deseados. Se basa en la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir de la información y el asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para poder definir la posibilidad de tener hijos, cuantos hijos tener, cuándo tenerlos, y el intervalo entre ellos. Por eso, promueve la "Consejería" en Salud Sexual y  Reproductiva en los servicios de salud pública de todo el país; es decir, la posibilidad de acceder gratuitamente a un asesoramiento de calidad que contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, favorece la detección oportuna de enfermedades genitales y mamarias, contribuyendo a la prevención y detección temprana de infecciones y VIH/sida.
A fines del año 2006 los centros de salud y hospitales con prestaciones del Programa superaban los 6100 en todo el país, siendo 1.900.000 las usuarias y usuarios del mismo.
La implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable abarca:
 • Entrega de insumos a las provincias para su distribución gratuita en los Centros de Atención Primaria y hospitales públicos, a solicitud de las/los usuarias/os, con asesoramiento o consejería especializada.
Los insumos de salud sexual y reproductiva que distribuye el Programa actualmente son preservativos, anticonceptivos hormonales inyectables, hormonales para lactancia, hormonales combinados, y anticonceptivos hormonales de emergencia; dispositivos intrauterinos (DIU) y cajas de instrumental para su colocación.
• Asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales, para la implementación de programas locales en todas las provincias.
• Capacitación a los equipos de salud mediante la articulación con el Programa de Médicos Comunitarios.
• Producción y entrega gratuita de materiales didácticos  de difusión relacionados con el tema.
•Actividades de comunicación social y campañas.
• Articulación de actividades con áreas y programas de la Secretaría de Programas Sanitarios: Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y ETS, Plan Nacer, la Dirección de Maternidad e Infancia, Programa de Médicos Comunitarios, la Dirección de Programas Sanitarios la Dirección Nacional de la Juventud y  el Programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social  y Organizaciones no gubernamentales: científicas, de desarrollo comunitario, académicas.
Cobertura de Obras Sociales y Prepagas
La cobertura en métodos anticonceptivos que tanto las obras sociales nacionales comprendidas en las leyes N° 23.660 y 23.661 como las empresas de medicina prepaga están obligadas a brindar, es la contenida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) –Resolución del M. Salud N° 1991/2005, y en las leyes nacionales específicas-. Otra resolución este Ministerio, la Nº 310/2004 (también dentro del PMO) en su punto 7.3 indica que:
"Tendrán cobertura del 100% para los beneficiarios, a cargo del Agente del Seguro de Salud, los medicamentos de uso anticonceptivo incluidos en los Anexos III y IV y que se encuentran explícitamente comprendidos en la norma de aplicación emergente de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. De este modo los beneficiarios de estos sistemas de cobertura no deben abonar nada siempre y cuando la prescripción médica del anticonceptivo sea sobre los genéricos descriptos, y en sus correspondientes formas farmacéuticas (comprimidos o inyectables).
También está incluida la cobertura de los dispositivos intrauterinos o DIU  (Resolución 310/04): "Anticonceptivos intrauterinos, dispositivos de cobre. La cobertura estará a cargo de los Agentes del Seguro al 100%." Esto incluye tanto el costo del DIU como su colocación no estando previsto en la normativa el cobro de coseguro o copago alguno.  Además, el sistema de cobertura debe ofrecer una red de prestadores registrados que ofrezcan este servicio.
Por otro lado, también están incluidos en dichas normativas los condones, diafragmas y espermicidas al 100 %. Por último, cabe aclara que el médico está obligado a hacer siempre las prescripciones sobre los genéricos y no sobre las marcas. A partir de diciembre 2006 se incluye la cobertura gratuita de Anticoncepción Quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía), y en marzo 2007 se incluyò en el PMO la Anticoncepción Hormonal de Emergencia.

[iv] Ministerio de Salud de la Nación, página web, http://www.msal.gov.ar/saludsexual/programa.php .

El estado y las adicciones


Reclamamos políticas activas del estado frente a las adicciones y también luchamos en ese sentido.
Pero, ¿cuál es el rol que juega el estado respecto de ese problema?
En algunos casos, de manera oficial, a través de su legislación, las criminaliza. Tal es el caso de la adicción a las drogas, que se convierte en una cuestión de derecho penal, independientemente del problema de salud pública que representa.
En consecuencia, la persigue con el patrón de selectividad con que funciona el derecho penal.
Y de manera clandestina, desde distintos estamentos del estado, hay integrantes del mismo que participan del negocio del tráfico de drogas, de reconocido poder corruptor.
A su vez, desde el sistema de salud, así como desde las políticas sociales, se definen diversos programas y acciones tendientes a asistir a las víctimas de las adicciones.
Criminalización, persecución selectiva, negocio clandestino y políticas sociales y de salud. Tales las dispares actividades estatales respecto de las drogas prohibidas.
¿Qué sucede con el alcohol? La adicción al alcohol no está tipificada en el código penal.
En cambio, si existen algunas normas y actividades (horarios de expendio, controles de alcoholemia, tipificación de infracción por conducir alcoholizado) que regulan conductas vinculadas al negocio del alcohol. Allí podemos incluir algunas muy tenues restricciones a las publicidades de bebidas alcohólicas, que con campañas agresivas de difusión (ej., la cerveza) han ganado significativas posiciones en los hábitos de consumo de la sociedad.
Impositivamente, también las recauda. En algunos casos, se trata de utilizar al gravamen como herramienta para restringir el consumo.
También en este caso, el estado incorpora al alcoholismo entre los males a afrontar desde sus políticas sanitarias y sociales.
Algo similar ocurre con el cigarrillo. En este caso, el avance ha sido más claro y notorio. El hábito de fumar ha ido perdiendo espacio en los lugares públicos, aun en contra de las expectativas de quienes lucran con él. También se le aplican gravámenes específicos.
También el sistema de salud debe lidiar con las consecuencias múltiples de este hábito.
Para el final de este menú incompleto dejamos el juego. El estado procura monopolizar su explotación, en el caso de nuestro país ,de manera crecientemente extendida, casi sin restricciones de horarios ni de modalidades (incluidas las famosas maquinitas tragamonedas, que generan adicciones más que enfermizas y en realidad no parecen funcionar con la lógica del azar pues no existen chances ni remotas de que la banca pierda), extendiendo el perjuicio del  juego a los sectores más humildes, en especial a personas jubiladas y pensionadas que pierden en esa adicción gran parte de sus ingresos.
Los recursos del juego vuelven en obras, se suele decir, y así es en parte.
Además, se ensayan módicas políticas preventivas y de asistencia, que ni siquiera le hacen cosquillas al negocio ni atenúan de manera relevante el daño que el juego produce.
Hay que ver, entonces, a que cambios nos referimos cuando nos planteamos más estado frente a las adicciones. Y seguramente hay que desarrollar la la masa crítica y las políticas reivindicativas necesarias para llevar adelante esos cambios.
Tenemos algunos desafíos claros:
-que las adicciones a las drogas dejen de ser una cuestión criminal y se aborden de manera seria desde las políticas sanitarias y sociales, para que el esfuerzo de la justicia penal se concentre en perseguir el narcotráfico y no en victimizar perejiles;
-que se desarrollen políticas activas para quebrar la asociación comunicacional que se hace entre el alcohol y el tabaquismo con la diversión y el placer;
-poner freno a la ampliación del negocio del juego, restringir los horarios de funcionamiento de sus establecimientos y fortalecer drásticamente las políticas de asistencia a quienes padecen ludopatías.
La contradicción que debemos quebrar vive en el propio estado. Pero quizá, para lograrlo, resulte importante advertir en qué medida se ha metido en cada familia, vive en los distintos ámbitos de nuestra sociedad.