¿Tienen conciencia los jueces de la Corte al firmar un comunicado que la opinión que emiten lleva todo el peso de su investidura? Al opinar por esa vía, no sólo se apartan de su función específica, sino que además asumen el riesgo de desmerecer su autoridad y sembrar dudas respecto de su compromiso real con libertades esenciales para nuestro sistema democrático.
No fue una simple chicana que la presidenta Cristina Kirchner asociara el pedido de mesura a la palabra censura. Si para muchos la libertad de expresión es la piedra de toque de la democracia tal cual está concebida en constituciones como la norteamericana o la nuestra, preocupa y asombra que los jueces del máximo tribunal emitan comunicados con sugerencias acerca de cómo deben expresarse los ciudadanos, sean estos legisladores, vendedores ambulantes o la propia presidenta.
Día a día los habitantes tenemos la posibilidad de evaluar si la presidenta es mesurada o desmesurada, razonable o arbitraria, inteligente o torpe, corajuda o temerosa, temeraria o prudente, solidaria o egoísta, defensora de los humildes o de los poderosos, democrática o corporativista.
No necesitamos ni constituye un aporte valioso que la Suprema Corte emita comunicados que, dada la función específica y la responsabilidad institucional de sus integrantes, establecen una limitación difusa a la libertad de expresión de los integrantes de los otros poderes. En todo caso, si existiera alguna cuestión judiciable que afectara a alguno de ellos, podrán opinar al momento de emitir sentencia.
Pero además, pareciera que algunos de sus miembros se sienten obligados a responder al imperativo que algunos integrantes de la corporación judicial pretenden imponerles. Si la Corte se suma a esa lógica, si se siente obligada a asumir funciones que en todo caso competen a los colegios y a las asociaciones, será difícil seguir avanzando en la lucha por la independencia del ejercicio de la función judicial y su jerarquización.
Con esa reacción, se pretende negar una realidad que viven y comentan con habitualidad abogados, imputados, familiares de imputados y hasta funcionarios judiciales, en referencia a situaciones de corrupción que suelen verificarse en el otorgamiento de las excarcelaciones. ¿Pretende la Corte con ese comunicado que nosotros creamos que el pedido a los familiares de suculentas sumas de dinero para obtener la liberación de imputados desde ámbitos policiales o judiciales es un delirio de la presidenta?
¿Qué se hace desde la administración de justicia, incluida la propia Corte, para combatir prácticas corruptas que muchos ciudadanos sospechamos han adquirido habitualidad alarmante?
Uno de los grandes logros de esta etapa es la conformación de una Corte Suprema cuya independencia del poder político de turno es ampliamente reconocida. Pero que sea independiente no quiere decir que sea infalible, ni tampoco, que los ciudadanos y sus representantes no puedan apuntar su mirada crítica a los problemas y las deficiencias de nuestra administración de justicia. Es nuestro derecho. Ojalá sepan disculparnos esta desmesura.
No fue una simple chicana que la presidenta Cristina Kirchner asociara el pedido de mesura a la palabra censura. Si para muchos la libertad de expresión es la piedra de toque de la democracia tal cual está concebida en constituciones como la norteamericana o la nuestra, preocupa y asombra que los jueces del máximo tribunal emitan comunicados con sugerencias acerca de cómo deben expresarse los ciudadanos, sean estos legisladores, vendedores ambulantes o la propia presidenta.
Día a día los habitantes tenemos la posibilidad de evaluar si la presidenta es mesurada o desmesurada, razonable o arbitraria, inteligente o torpe, corajuda o temerosa, temeraria o prudente, solidaria o egoísta, defensora de los humildes o de los poderosos, democrática o corporativista.
No necesitamos ni constituye un aporte valioso que la Suprema Corte emita comunicados que, dada la función específica y la responsabilidad institucional de sus integrantes, establecen una limitación difusa a la libertad de expresión de los integrantes de los otros poderes. En todo caso, si existiera alguna cuestión judiciable que afectara a alguno de ellos, podrán opinar al momento de emitir sentencia.
Pero además, pareciera que algunos de sus miembros se sienten obligados a responder al imperativo que algunos integrantes de la corporación judicial pretenden imponerles. Si la Corte se suma a esa lógica, si se siente obligada a asumir funciones que en todo caso competen a los colegios y a las asociaciones, será difícil seguir avanzando en la lucha por la independencia del ejercicio de la función judicial y su jerarquización.
Con esa reacción, se pretende negar una realidad que viven y comentan con habitualidad abogados, imputados, familiares de imputados y hasta funcionarios judiciales, en referencia a situaciones de corrupción que suelen verificarse en el otorgamiento de las excarcelaciones. ¿Pretende la Corte con ese comunicado que nosotros creamos que el pedido a los familiares de suculentas sumas de dinero para obtener la liberación de imputados desde ámbitos policiales o judiciales es un delirio de la presidenta?
¿Qué se hace desde la administración de justicia, incluida la propia Corte, para combatir prácticas corruptas que muchos ciudadanos sospechamos han adquirido habitualidad alarmante?
Uno de los grandes logros de esta etapa es la conformación de una Corte Suprema cuya independencia del poder político de turno es ampliamente reconocida. Pero que sea independiente no quiere decir que sea infalible, ni tampoco, que los ciudadanos y sus representantes no puedan apuntar su mirada crítica a los problemas y las deficiencias de nuestra administración de justicia. Es nuestro derecho. Ojalá sepan disculparnos esta desmesura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario